Mujeres contra el maltrato y la discriminación

Son niñas y mujeres jóvenes, pobres e indígenas. Sufren abusos sexuales, discriminación y maltrato cotidiano. Jueces y policías les niegan el acceso a la justicia. El Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y la comunidad Qom de Rosario organizaron el 22 y 23 de octubre un Encuentro Interprovincial para visibilizar los casos de violencia de género en comunidades originarias del país y las injusticias sistematizadas por los diferentes poderes del Estado.

Mujeres dirigentas y referentes de pueblos originarios estuvieron presentes los días 22 y 23 de octubre en Rosario, en el marco del Primer Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios por el acceso a la justicia en los casos de violencia de género, organizado por el INSGENAR y la organización comunitaria Qomlasherolga, cuya referente es Ofelia Morales.

“La idea de generar este encuentro surge a partir de trabajar, detectar y denunciar casos de violación a los derechos de la mujeres indígenas y la negación del acceso a la justicia que les hacían cuando ellas iban a reclamar al poder judicial, el maltrato que recibían por parte de la policía y todo el equipo del aparato de justicia. Nos pareció que era necesario crear un espacio para hacer visible estas humillaciones permanentes, tratar de trabajar para que se termine la impunidad y han acudido mujeres de ocho pueblos originarios, pertenecientes a seis provincias. Todas vienen a denunciar y demostrar las dificultades que tienen para acceder a la justicia”, apunta Susana Chiaroti, integrante de Insgenar.

El objetivo es, también, generar una red de mujeres defensoras que dispongan de herramientas jurídicas para defender los derechos de las mujeres de su comunidad en todos los casos de violencia de género. Por ello, este espacio constituye el puntapié inicial de una futura capacitación que el Insgenar y la comunidad Qom de Rosario planifican realizar.

Además de participar mujeres referentes de pueblos originarios, fueron invitados integrantes de organismos del Estado, quienes reflexionaron sobre el rol y la intervención de las diferentes instituciones estatales en tres casos de violencia de género, denunciados públicamente. “Esto pone en evidencia los problemas que todavía subsisten en nuestro país sobre el acceso a la justicia. Además, estos espacios sirven para que las mujeres se junten entre ellas, se articulen también con organismos del Estado y organizaciones sociales para poder modificar estas situaciones. No solo debemos quedarnos en el diagnóstico y en los testimonios de las situaciones aberrantes que sufren las mujeres pobres e indígenas, sino también ver cuáles son las soluciones tanto normativas, como institucionales y políticas” expresa la Dra. Ana González, directora nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Incidencia colectiva de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

“Creo que en nuestro país hay instituciones autoritarias, racistas y sexistas heredaras de gobiernos militares, autoritarios y patriarcales y que nosotros tenemos que ir transformando. Tres mujeres muy fuertes de tres pueblos distintos (mocoví, ava-guaraní y qom) contaron distintas experiencias de haber ido a reclamar justicia y que se les haya negado. Se presentaron en este encuentro en un Tribunal y luego, distintos funcionarios del Estado pertenecientes al Inadi, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Defensoría del Pueblo respondieron con recursos que deben ponerse a disposición de ellas para avanzar y que no vuelvan a repetirse estos casos”, explica Chiarotti.

El encuentro funcionó con la modalidad de talleres durante dos días y se capacitó sobre aspectos jurídicos y legales. Se trabajó con el Convenio 169 de la OIT, la Convención de la CEDAW y Bélem Do Para, con el objetivo de “señalar adonde tienen que denunciar cuando sus derechos son violados. Son instrumentos que ponemos a su disposición para que se los apropien”.

Los casos

Tres testimonios de mujeres indígenas y luchadoras dieron cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos y a la vida digna que padecen las comunidades originarias en Argentina. Tan solo tres casos fueron necesarios para demostrar de qué manera se le niega el acceso a la justicia a quienes además de ser pobres e indígenas, son mujeres. Ellas denunciaron el maltrato, el abuso sexual, la injusticia y la discriminación sufrida ante diferentes organismos del Estado, algunos de los cuales hicieron acuse de recibo y peticionaron a su favor. Otras instituciones - como la policía y equipos jurídicos dependientes del poder judicial- por el contrario, violaron y profundizaron las aberrantes injusticias padecidas, con fallos absolutorios y discriminatorios.
Los casos de violencia de género en mujeres originarias y las respuestas injustas que les brinda el poder ejecutivo y judicial son cotidianas, profundamente racistas y con un marcado sesgo patriarcal, sobretodo en las comunidades que pertenecen a las provincias del norte del país.

Estos tres casos, públicamente denunciados, son ejemplo de ello.

Caso 1. Primer testimonio
En el año 2003 una niña toba de apenas 15 años fue abusada sexualmente en la localidad del Espinillo, provincia del Chaco, por tres jóvenes criollos. A pesar de los exámenes médicos que constataron la violación, los daños sufridos y las lastimaduras de la niña, los tres hombres blancos fueron absueltos por el poder judicial. “¿Pueden acceder a la justicia las niñas indígenas que sufren abuso sexual?” comienza preguntando Ofelia Morales para después, dar testimonio de lo ocurrido.
“Estos hechos son frecuentes en la zona pero habitualmente se arreglan regalando una vaca a la comunidad y tendiendo un manto de silencio sobre el hecho. Esta vez la víctima, su madre y otros jóvenes de la comunidad se mantuvieron firmes, dijeron sentirse colectivamente humillados, algunos de ellos hicieron 80 km en bicicleta para pedir ayuda a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La niña fue representada por un defensor de oficio mientras los acusados contrataron abogados especializados. El 31 de agosto del 2004, el juez Ricardo Gutierrez, actuante en la Cámara 2da en lo Tribunal de Roque Saenz Peña dicta sentencia. Los acusados quedaron absueltos de culpa y cargo. La justicia dejó de lado: la declaración de la víctima a la que señala como “tímida y apocada”; el informe médico que determina lesiones, constatando también que la víctima llegó con manchas de sangre y conmocionada; el informe del médico forense efectuado 72 horas después y que corrobora el certificado médico anterior; el testimonio de tres personas que observaron los hechos. Estos testimonios fueron desechados por motivo de discriminación racial. Para descalificar la demoledora prueba en contra, el juez utiliza argumentos basados en prejuicios sexistas, además cruzados por la desvalorización por la pertenencia étnica racial de la víctima. La fiscalía confunde el delito de violación con la violencia sexual que puede estar presente en un acto consentido, por lo cual la violencia es un dato que resulta indiferente.
El caso llega a conocimiento de Insgenar y CLADEM quienes toman contacto con la familia y presentan una comunicación al Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, quienes aceptan el caso y actualmente está en tratativas.”

Caso 2. Segundo Testimonio
Dora Salteño es la presidenta de la comunidad mocoví de Colonia Dolores y es quien, frente al tribunal de funcionarios del Estado, presentó el caso de una niña de la comunidad que luego de ser violada, fue arrebatada de su núcleo familiar por orden del poder judicial. Posteriormente, fue institucionalizada en diferentes hogares de menores de la Pcia. Santa Fe y Buenos Aires.
“En el 2006 tuvimos un caso de violación de una niña de 9 años, que fue el primero en la comunidad. La mamá fue quien la llevó al centro de salud, muy asustada. La enfermera que estaba de guardia la llevó a un hospital donde estuvo internada durante tres días sin que la familia cercana pudiera visitarla, ya que la policía le negaba el permiso. La nena fue dada de alta y a los 2 días el juzgado la traslada al Hogar Casa de la Niña en Santa Fe. Desde la comunidad siempre se tuvo contacto con el hogar para ver como estaba la niña. El 9 de noviembre me expreso por medio de una nota al juez como guardadora de la menor hasta que se resuelva el caso. El 12 de noviembre se eleva una nota a la Coordinadora de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia firmada por las distintas instituciones de la localidad y la comuna, donde en la misma le solicito la intervención de ella para otorgar la guardia provisoria de la menor a mi, hasta tanto se resuelva la situación legal de la nena. El 17 de noviembre el juzgado otorga la guardia provisoria por 25 días, plazo en el cual se deberá definir el grupo familiar a largo plazo. Por disposición de la jueza interviniente la niña no puede regresar a su familia biológica ni a la comunidad. Durante los meses de diciembre y enero empieza un proceso de acercamiento entre la niña y una familia de Rosario.
El 22 de enero recibo una cédula del juzgado donde se hace mención que la nena debe ser trasladada al mismo para hacer contacto con las señoras que la iban a adoptar y el 2 de febrero me presento con la niña donde esa misma mañana es llevada a Buenos Aires por una familia. Como la niña no se adapta, es devuelta quedando a disposición del juzgado de menores de Santa Fe. Hasta el 8 de febrero se desconocía el paradero de la niña, quien además tenía una hermanita de 4 años a quien también la jueza ordenó retirarla de su grupo familiar, ya que, según ella, la comunidad no ofrecía garantías para que la niña este allí. El 22 de febrero se solicita el paradero a la jueza sin obtener respuestas favorables. Se solicita la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Se sabe oficialmente que la niña se encontraba en un hogar en la localidad de San Genaro. El 13 de marzo la jueza resolvió finalmente otorgar la custodia definitiva a su grupo familiar.”

Entrevistada por el portal enREDando, Dora Salteño afirma que la “jueza avasalló todos los derechos de la niña. La quitaron de la comunidad diciendo que no ofrecía garantías para el cuidado de la niña. Fue llevada a la Casa de la Niña, luego a un Hogar en Buenos Aires totalmente distinto a nuestra cultura, donde estuvo 3 días, fue devuelta nuevamente al juzgado, no nos decían el paradero de ella y estaba en un hogar en San Genaro. Estuvimos cinco meses con este caso, hasta que finalmente logramos que la jueza lo revea y finalmente la niña sea devuelta a su comunidad. Además, ella tenía una hermanita a quien también se le ordena que se la separe de su familia”.
Los cinco meses de lucha por la restitución a su familia estuvieron plagados de dolor ante la prepotencia de la justicia de menores. “Tuvimos muchos días de lucha y sufrimiento de la comunidad, allá somos muy unidos. La justicia debe ver que somos distintos por nuestra cultura. Creo que estos encuentros son importante porque aprendemos de otros testimonios”, finaliza.

Caso 3. Tercer Testimonio.
Leonarda Chavarreta es cacique de la comunidad Ava Guaraní de Pocitos, provincia de Salta. Su reclamo ante la justicia fue por cinco hectáreas de tierra que le pertenecía por generaciones, pero de los jueces solo obtuvo maltrato y violación a las leyes que defienden los derechos indígenas.
“El Sr. juez me dijo que los indios eran indios y nunca van a levantar la cabeza. Discutimos y plantee el tema de las leyes indígenas. Inmediatamente fue a la radio y a los canales. No hay respeto a los derechos indígenas. Nosotros estamos organizados pero no somos respetados. He llegado a tener un caso muy grande con una condena de 1 años y seis meses, he recurrido a los derechos humanos a nivel nacional y provincial y al inadi y no he tenido respuestas. Me ha agarrado una depresión por la condena. Cai en cama y me tuvieron que operar. Decían que tenía un cálculo en la vesícula pero no era así. Esto era la lucha que reclamamos. Todos los caciques tenemos causas. Todos estamos procesados. Ningún cacique es libre en este momento. Llega una intimación y tenemos que salir a declarar. Tenemos un derrame de sangre en una comunidad wichí a 6 km adentro de Tartagal, murieron varios hermanos.”

Leonarda expresa: “Gracias a dios ha sido expropiado mi terreno, pero ahora estoy esperando que salga un solo título propietario. Todos necesitamos la tierra, también mis hermanos criollos. Soy la única en la provincia de Salta que he logrado esta expropiación de tierra. Ahora estoy esperando que me llame el juez. En mi comunidad soy docente bilingüe y peleo por los niños indefensos. Esa es la lucha mía. Además tenemos una persecución total, la mayoría de los caciques tenemos juicios, dos por tres nos llaman a declarar. Es una lucha indígena por la tenencia de las tierras. El Estado no respeta el derecho cultural de los pueblos indígenas, sin embargo nosotros respetamos las causas judiciales, siempre vamos a declarar, pero el Estado no cumple con la legislación nacional. Es nuestro derecho a la vida, estamos vivos, estamos peleando, nos estamos jugando la vida, porque estamos peligrando que nos maten. Somos las raíces y nos quieren destroncar, pero nosotros buscamos una integración social. Nuestro rostro nos dice que somos indígenas”, puntualiza con firmeza Leonarda Chavarreta.

Los tres testimonios reflejaron la dureza que en cifras muestra la dimensión de una problemática. Esta vez no hicieron falta los números, sino las palabras de historias de vida que sufren con el cuerpo la marca de la discriminación, tristemente naturalizada en la sociedad y en los estamentos del Estado. Un reclamo justo por la tierra y la criminalización de esa protesta; la apropiación de la vida de una niña mocoví por parte de la Justicia de menores y el fallo discriminatorio de un juez que no dudó en dejar en libertad a tres hombres que violaron a una nena qom, son las voces latentes que se multplican en otras, anónimas y silenciosas que en distintos partes del país, piden y seguiran pidiendo por justicia.

Nota original publicada en enREDando