Piden la palabra, no palos

Un grupo de humildes familias que son parte de la comunidad toba de Rosario, y que hace nueve días ocupó un predio descampado, ubicado en Juan José Paso y avenida de la Travesía, se manifestó durante la mañana de ayer en la sede de los Tribunales provinciales para evitar un desalojo por la fuerza. La idea de los aborígenes era poder participar de una reunión convocada por la Justicia –que invitó a autoridades provinciales, municipales y a quien sería el dueño del terreno– pero “los pararon en la puerta y no los dejaron ingresar, al igual que a los abogados que los representan”, según comentó uno de los letrados que defienden a la comunidad toba. “El supuesto propietario no apareció y se suspendió por el momento cualquier posibilidad de desalojo por la fuerza, pero el juzgado, según trascendidos, convocó a una nueva reunión para el próximo martes a la que tampoco llamó a representantes de la comunidad aborigen”, se quejó otro de los abogados. En tanto, el temor ante una posible acción violenta por parte de las fuerzas de seguridad unió a distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, y a los integrantes de dos instituciones educativas de la zona, quienes presentaron un escrito en conjunto para evitar cualquier tipo de represión.“El Juzgado Correccional Nº9, a cargo del juez Héctor Núñez Cartelle, tiene el sumario y llamó a una reunión con las distintas partes implicadas, pero no invitó a los representantes de las familias aborígenes en cuestión”, indicaron desde la defensa a cargo de los abogados Marcelo Edgar, Sebastián Bereciartúa y Álvaro Baella.“Sólo acudieron los funcionarios provinciales como el director de Pueblos Originarios, Raúl Brito, y el secretario de Promoción Social de la Municipalidad, Fernando Asegurado, y no dejaron que ingresen representantes de la comunidad lo cual no nos parece lógico si tenemos en cuenta que el problema viene de larga data: funcionó una mesa de diálogo durante tres años que tenía como vocera a la propia ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa y que se desarmó cuando comenzó el proceso electoral, a mediados del año pasado”, explicaron los letrados.La defensa sostuvo que “no se sabe quiénes son los supuestos dueños”, y señaló que “lo más preocupante es la presunta decisión por parte de la provincia de un desalojo por vía violenta, cuando estamos hablando de 50 familias tobas y de muchos niños que podrían resultar lesionados”.En este sentido, según agregó uno de los abogados, se presentó un escrito apoyado por organizaciones sociales y gremiales como ATE, Atilra, Amsafé Rosario, entre otros, y las dos escuelas de la zona –el complejo de educación bilingüe Rosa Ziperovich y la escuela Juan Diego– en donde se pide evitar el desalojo violento, fundamentado en el respeto de los derechos humanos de los niños, el derecho a una vivienda digna y toda la legislación que asiste a los pueblos originarios reconocida por el derecho internacional y rubricada en distintos acuerdos por el propio Estado argentino. Cabe recordar que las familias humildes que ocuparon el predio y levantaron pequeñas viviendas precarias son habitantes del antiguo asentamiento lindero, conocido como el barrio Toba de la Travesía, que está desde hace tiempo al borde del colapso por el crecimiento poblacional y la falta de espacio.