Nueva presentación ante la CIDH por la emergencia sanitaria y alimentaria en el Chaco

Los abogados mendocinos Carlos Varela Alvarez y Alejandro Acosta solicitaron pasado el 11 la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inste al gobierno nacional - y por su intermedio al chaqueño – a adoptar "medidas urgentes tendientes a evitar la continuidad de daños irreversibles en la vida, salud e integridad psico-física del grupo indígena de la comunidad TOBA y de los otras etnias que habitan en la provincia del Chaco". En conversación telefónica Acosta aseguró que en breve pondrán en conocimiento de lo actuado al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y no descartan recurrir a otras instancias de la ONU. Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, respondió el 12 notificando que pidió al Estado argentino que informe lo hecho a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), emitida el 19 de septiembre, que le ordena garantizar alimentos, agua y atención médica a las comunidades de los departamentos chaqueños Güemes y San Martín. Justamente Acosta y Varela Álvarez subrayaron en su presentación que la acción de amparo de la CSJN "no ha detenido el caos y las muertes de quienes se encuentran en un estado de abandono, marginación, crisis y enfermedad”. También hicieron hincapié en que entienden “agotados todos los mecanismos internos para prevenir y detener la muerte de indígenas como consecuencia de décadas de abandono y de falta de políticas públicas en materia de indígenas".Los abogados piden a la CIDH que "intime al Estado al inmediato cumplimiento con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos establecidos en el art. 1º de la Convención [Americana de Derechos Humanos] y de las resoluciones de la Corte Suprema de Argentina en la medida iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación". También demandan que recomiende al Estado realizar un relevamiento completo sobre la comunidad atacada que sea realizado por un cuerpo interdisciplinario conformado por profesionales especializados en catástrofes, y que disponga medidas que garanticen una investigación clara, exhaustiva, transparente e imparcial de las muertes y situaciones de salud límites ocurridas - “ que esto se haga en honra al descubrimiento de la 'verdad real' para la delimitación de responsabilidades dentro de la órbita jurídica de nuestra nación". También solicitan que los miembros de la Comisión visiten la provincia.También a raíz de las muertes por desnutrición en Chaco el abogado marplatense Fernando Carletti - patrocinando a Horacio y Antonio Vera; Ben Martiniano Leguizamon y Benigna Fernández, solicitó a la CIDH que ordene al Estado "detener la deforestación que está condenando a muerte a los aborígenes quitándoles su hábitat y su medio de vida, lo que implica también despojo de sus tierras ya que si son arrasadas colocan a los aborígenes en situación de tener que irse (a donde no tienen) o morir en sus tierras destruidas así como también que el Estado Argentino tome medidas urgentes a los efectos de asistir en forma alimentaria, médica y humana en general a todos los aborígenes que se encuentran en estado de desnutrición".

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