La lenta recuperación de derechos en la provincia de Santa Fe

La ley provincial (santafesina) del aborigen Nº 11078, que recoge el espíritu de la Constitución
nacional y reconoce la “preexistencia étnica y cultural” de los pueblos originarios, fue sancionada por la Legislatura de la provincia de Santa Fe en 1993 y reglamentada recién en 2005. Incluye como derechos de los integrantes de los pueblos originarios “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Sin embargo, a estas comunidades (entre ellas las populosas barriadas tobas de Rosario) todavía les queda un largo trecho por recorrer para ver al fin, plasmado en la realidad, lo que está escrito en los papeles. Un impulso hacia adelante fue la reglamentación de la vieja ley y otra normativa sobre adjudicación de tierras que estableció el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, mediante sendos decretos firmados el año pasado. Pero la tarea de relevamiento de los núcleos de población originaria de la provincia, de donde saldrán representantes para el organismo que los representará y centralizará las políticas para el sector, el Instituto Provincial Aborigen (Ipas), es “difícil y complejo”, por lo que las comunidades pidieron extender el plazo para las inscripciones. El Ipas, organismo de aplicación de la ley, estará bajo la órbita de la Secretaría de Promoción Comunitaria y contará con una partida presupuestaria específica. Se constituirá a través un consejo integrado por cinco representantes titulares de las comunidades aborígenes y cinco suplentes. El plazo de inscripción había concluido el pasado 5 de setiembre, pero las organizaciones aborígenes pidieron una extensión que fue aceptada por la Secretaría de Promoción Comunitaria hasta el próximo 20 de diciembre. “Se han elegido los delegados de las principales comunidades para la asamblea, pero aún quedan pobladores originarios del norte y sur provincial, monte adentro, que no se han inscripto y no queremos que ninguno quede afuera de este proceso”, indicó la representante de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafé), Ruperta Pérez. “En el sur nos faltan comunidades asentadas en Villa Mugueta, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez y Funes, entre otras, la mayor parte tobas y mocovíes. Mientras tanto, parte de las comunidades ya han votado sus representantes para la asamblea que elegirá los representantes”, agregó Pérez. (Para ver más en Indymedia, por Bernardo Saravia: Ipas en la asamblea anual de OCASTAFE, y también: Elecciones de delegados del Barrio Toba Municipal).
La ley 12086 de adjudicación de tierras, sancionada en noviembre de 2002 y reglamentada en diciembre del año pasado, autoriza al Poder Ejecutivo provincial “a restituir a las comunidades aborígenes nucleadas por Ocastafé y otras comunidades de la provincia, bajo la forma jurídica de adjudicación que corresponda, lotes fiscales y parcelas de islas fiscales propiedad del superior gobierno de la provincia”. En este sentido, el Ipas, además de centralizar las políticas hacia las comunidades, también tendrá como una de sus tareas fundamentales acordar con los municipios y comunas la restitución de tierras a los pueblos originarios, a través de una comisión de adjudicación. Inés Fernández, integrante de la Asociación Amigos del Aborigen con sede en Reconquista, comentó que “hasta ahora hay inscriptas (para elegir el consejo del Ipas) 43 comunidades organizadas. Hay comunidades mocovíes y tobas, como las de la zona de Las Toscas, Florencia y El Rabón que son históricas. Después están las de los alrededores de las ciudades de Santa Fe y Rosario, asentadas en las ultimas décadas, entre los que se incluye además de tobas y mocovíes, a integrantes de las etnias collas y wichís”, comentó Fernández. “El pedido de prórroga de inscripción tiene que ver con que no a todas la comunidades le está llegando bien la información, por lo que estimamos que nos falta alrededor de un 50 por ciento”, añadió. Cabe recordar que el decreto firmado en diciembre de 2005 por Obeid que reglamenta la ley de restitución de tierras a las comunidades indígenas incluye terrenos fiscales en lotes sobrantes de caminos en las ciudades y en las zonas de islas de las costas del río Paraná. La ley otorgará en calidad de reparación histórica lotes fiscales de los departamentos de General Obligado, San Javier, Garay, La Capital y Rosario.“El Ipas va a ser un organismo de gobierno donde van a circular las políticas aborígenes y suponemos que desde ahí, con un director designado por el Poder Ejecutivo, se va a tratar como tema principal la adjudicación de tierras. Actualmente ya se está trabajando la problemática con los poderes Ejecutivo y Legislativo”, agregó Fernández. A todo esto, a principios de mes se hizo entrega de lotes a familias de pequeños productores en la Cuña Boscosa santafesina. El gobierno provincial emitió los respectivos decretos para el lote 213 en la localidad de La Gallareta, donde fueron beneficiadas dos familias, y del lote 123 de Estación Toba, lo que favoreció a ocho familias. Oportunamente se había entregado el decreto respectivo a las comunidades aborígenes del lote 51, en Fortín Olmos.